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Doctrina Parot

por el príncipe de las mareas

Los pueblos tienen la insana costumbre de imponer sus ideas a los que consideran inferiores. Ocurrió con Roma, ocurrió con la propia Castilla, con Gran Bretaña, con Alemania o con los Estados unidos y concluirá su periodo contemporáneo con China. A nosotros no nos invadió Europa, ni nos colonizó, pero le cedimos nuestra soberanía nacional en quizá demasiados terrenos. La moneda ha sido un claro ejemplo que nos da más de un quebradero de cabeza en asuntos tan importantes, como soportar las presiones de los mercados internacionales, sin vernos en la tesitura de quedar presos del ansia germano. Le ha seguido otro asunto de vital importancia, no ya en el tema económico, sino en el social. Me refiero al tema judicial y concretamente a la llamada “Doctrina Parot”.

España ha sufrido el escarnio más absoluto a cuenta de una banda de asesinos durante décadas. Nuestro sistema judicial resulta excesivo en las garantías, peca de un celo desmedido en salvaguardar las libertades y los derechos ajenos. Esto estaría muy bien, si realmente esas medidas de control tuvieran la eficacia pretendida, más no resultan tan certeras como podrían augurar.

El terrorismo de ETA se ha burlado de toda la nación aprovechando esos resortes de libertad que ha puesto en sus manos el Estado de derecho. Tanto es así, que han burlado sistemáticamente nuestro sistema penal. Un condenado por múltiples asesinatos, venía cumpliendo una condena menor que la que acababa cumpliendo un condenado por robo. Esto ha sido así, porque el entramado ha jugado bien sus bazas, ha bordeado la legalidad vigente con artimañas tales como las de reducir condena por matricularse en la UPV, por practicar deporte o por ganar al monopoly. El gobierno de Aznar pretendió poner coto a tales desmanes y fraguó la doctrina Parot, en honor al apelativo de otro de éstos, pero de origen francés.

Brevemente, la cosa radica en reducir las penas de manera parcial, no sobre el total como se venía haciendo. Obviamente tal reducción evitaba que alguien condenado a 3000 años de prisión pudiera estar en la calle en doce. Pero nuestra soberanía entregada nos ha devuelto la amargura de no tener poder de decisión sobre nuestros designios. Así, el TEDH nos dice que tal doctrina no se ajusta a derecho, que debe ser retirada, eliminada de nuestro ordenamiento.

Los pueblos que no conocen los entresijos de otro no debieran inmiscuirse sin al menos, aprender las causas que han llevado a tomar ciertas decisiones, y es obvio que en Europa no conocen los juegos de muerte a los que nos han sometido durante décadas esta banda de asesinos.

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