La cosa va de juicios, con más eco social del que deberían llevar los procesos

La cosa va de juicios, con más eco social del que deberían llevar los procesos judiciales. El primero ya concluyó con una sentencia, que no ha dejado indiferente a nadie, me refiero al de Marta del Castillo. El otro, el de Garzón anda a la espera de que el Tribunal Supremo dicte sentencia.
No he leído la sentencia del de Marta, en realidad no creo que sea necesario para llegar a una conclusión que equivocada o no, coincidirá con la de mucha gente. El tribunal que ha llevado este caso, -creo que ha sido la Audiencia provincial de Sevilla-, a mi modo de entender se ha equivocado, o sentado un mal precedente. Al parecer de algunos jueces, la resolución ha sido impecable, para la de otros juristas, deja mucho que desear.
Como digo no he leído la sentencia, pero por lo que he tenido la oportunidad de escuchar en la televisión, el tribunal ha rechazado la versión del testigo por tardía, y la declaración de alguno de los sujetos enjuiciados por haber podido ser “arrancada en comisaría”. O de poco me han servido los años de estudio, o eso de prescindir de una manifestación testifical (la del taxista) argumentando la tardanza, me parece que ha consistido en una arbitrariedad por parte de sus señorías. Lo de la autoinculpación en Comisaría, tiene tintes más abyectos, no deja de ser una descarada desacreditación del Cuerpo policial, y una acusación velada que debe tener más recorrido que el simple hecho de manifestarse; como por ejemplo una querella de los sindicatos policiales por tal infamia o libelo, si se han permitido el lujo de publicarlo en la sentencia.
Algo falla, dicen muchos. No, muchos han fallado digo yo. La policía no ha debido instruir correctamente, se ha debido saltar algún procedimiento protocolario en la detención de unos indeseables que no tienen media hostia, pero han salido como toreros por puerta grande. No concibo como han podido declarar, desdecirse, volver a declarar y decir donde dije digo, ahora digo Diego. Tal vez hayan cometido el tremendo error de no incomunicarles, de permitir el contacto aunque sea visual entre los detenidos, si no, no me explico como unos “novatos”, unos aprendices de delincuentes se hayan podido comportar como unos verdaderos asesinos sin escrúpulos. También ha podido fallar la defensa, esos abogados que a veces, se saltan el código deontológico y se equiparan a sus propios clientes. Por último ha debido fallar el instructor al no poner la debida diligencia, al errar en la búsqueda de indicios, de pruebas circunstanciales, al no conjeturar con el modus operandi.
Más de uno vendrá con el cuento de la escrupulosidad con la que ha actuado el tribunal, que no había una acusación más contundente, que las pruebas aportadas estaban cogidas con pinzas, que la legislación es la que hay, y no se puede contravenir lo prescrito en las normas. Pues no estoy conforme, el juez tiene potestades que puede hacer valer, tiene autoridad para ordenar unas diligencias más exhaustivas, puede solicitar del fiscal su colaboración, y sobre todo puede y debe interpretar las leyes. Interpretan cuando les place, y dictaminan a veces rayando la prevaricación, si bien la falta de dolo o voluntad de delinquir les libre de tal apreciación. Lo de interpretar no consiste en inventar, pero sí apoyándose en los indicios, concluir unos razonamientos que si bien no puedan estar recogidos de manera literal en la norma, sí que pueden tener encaje en la misma.
¿Y ahora qué? Esa sería la pregunta del millón. Ahora hemos sentado un precedente, una manera de impartir justicia, que si no la remedia el Supremo en un posible recurso de casación, dejará amen de una inseguridad jurídica grave, una sensación de que en este país, todo vale, se puede asesinar y quedar impune por ser menor de edad, hacer las cosas con un mínimo de destreza, o aprovecharse de la torpeza tanto policial como judicial. Que Dios nos coja confesados si no queremos que la veda se haya abierto sin necesidad de licencia para matar.