Transgredir la norma

La ley es de obligado cumplimiento, aunque ésta sea manifiestamente injusta. Una imposición coercitiva que no soslaya la subjetividad de su ponderación. Así nos encontramos que estamos sujetos a unas normas que han sido aprobadas, sin tener en cuenta el pensamiento crítico que debería rodearla. Digo rodearla, no bordearla, ya que esto último es lo que se viene haciendo desde hace demasiado tiempo: bordear la justicia para dotar de legalidad a la iniquidad. Lo legal no siempre es moral, por tanto no siempre goza de la legitimidad necesaria para que su aplicación quedara fuera de toda duda, de cualquier sospecha de instrumentalización artera de los mecanismos disponibles para la realización consensuada de la convivencia. Supongamos que una norma de carácter tributario propone una recaudación redistributiva, pero el gobernante acaba desviando esos tributos a parcelas menos solidarias, como por ejemplo rescatar a la banca. El contribuyente no ha visto cumplidas sus expectativas, no ha recibido esa compensación inherente a la tan cacareada solidaridad. Al ser de obligado cumplimiento no hay opción a la negativa bajo pena de sanción, pero sí que el legislador permite que ese incumplimiento de la premisa legal quede impune para aquellos que se benefician de la acción de gobierno.