El encarecimiento del recibo de la luz, es proporcional a la dureza diamantina del rostro de los gobernantes.

Cuando se producía una detención ilegal según nuestra normativa, o secuestro según la terminología anglosajona, se solía pedir una cantidad dineraria en concepto de rescate. Se trataba de una contraprestación por el servicio prestado, que no era otro que el privarte de libertad durante el tiempo que les llevara cobrar lo reclamado. Hoy se ha puesto de moda el rescate a las entidades bancarias, autopistas, empresas de energía, o cualquier otra entidad mercantil de capital privado. No resulta aceptable ni la terminología empleada, ni mucho menos la metodología con la que se llevan a cabo estas operaciones. Existen antecedentes no muy lejanos como el caso del Alakrana, donde el armador no tuvo que afrontar el pago del rescate, por haberlo realizado el Estado. En este caso, se trataba de un asunto de Derecho internacional, ámbito que atañe a los gobiernos más que a los particulares. Rescatar bancos, autopistas o eléctricas españolas, no reviste carácter internacional alguno, por lo que el Estado, no debería intervenir entre el secuestrado, en este caso el usuario y los secuestradores, los propios directivos de las citadas empresas. Es como si yo quisiera suicidar a otra persona, y el ordenamiento jurídico habilitara una norma ad hoc para dar cobertura legal a mis expectativas.